Quien define los términos a debatir hegemoniza la discusión. Eso quiere decir que, al momento de entablar una polémica, la parte que impone sus inquietudes, trazando los márgenes del diálogo, es la que domina su desarrollo. Por eso el gobierno de Sebastián Piñera y la derecha chilena responden al estallido social recurriendo al “problema de la violencia”. Ni siquiera la violación sistemática de los Derechos Humanos inhiben los intentos oficialistas por reducir el malestar popular a uno de sus efectos –por lo demás, secundario–, negando cualquier responsabilidad política en los acontecimientos que remecen al país desde octubre. Mientras puedan controlar la agenda nacional, definiendo los temas a tratar, tendrán margen de gobernabilidad para encauzar las demandas sociales en favor de la clase social que representan. En buena medida, a este último factor se deben las posturas “reformistas” de algunos dirigentes del sector, tales como Joaquín Lavín, Jaime Bellolio y Mario Desbordes. Intentan reservar lugares preferenciales para posibles escenarios futuros.
La identificación del estallido social con sus focos de violencia obedece al diagnóstico elaborado en La Moneda para enfrentar las movilizaciones: “este es un problema de orden público”. La obstinación del gobierno ante las demandas ciudadanas, corolario del empeño de la clase dominante por frenar cualquier proceso democrático, le impide comprender que la resolución de los conflictos en curso no es la represión, sino la redistribución de la riqueza: prefacio del nuevo modelo de producción y desarrollo que Chile necesita. Por tanto, este es un asunto de orden económico que exige intervenciones políticas audaces. Si Piñera no es apto para hacerlas, entonces debe renunciar y convocar a nuevas elecciones presidenciales.
Como vemos, en Chile, el problema no es la violencia. Si aceptamos debatir las derivas del estallido social a partir de ella, validamos el diagnóstico del gobierno y la derecha, sumándonos a quienes consideran que la rebelión es cuestión de orden público. Por tanto, no basta con explicar las causas “sociológicas” de la violencia, disipando las infamias que la clase dominante hace circular a través de sus medios de prensa. Debemos situar el debate en el terreno que corresponde: el modelo económico-social chileno. En consecuencia, la pregunta por la condena o justificación de la violencia no es válida, pues supone la identificación del estallido social con aquella. Lo que debemos preguntarnos es lo siguiente: ¿estamos a favor o en contra del modelo económico-social neoliberal? Al respecto, el plebiscito del 26 de abril, donde definiremos si queremos una nueva constitución, será la gran vara de medición ciudadana. Quienes rechacen, contribuirán a la mantención del modelo neoliberal. Quienes aprueben, a su transformación. Mientras tanto, lo importante es subrayar que la discusión sobre la violencia es una ficción derechista que debemos desenmascarar.
