Una futura Mesa de Trabajo por el Transporte que aplique una solución para Curacavi y María Pinto con la Tarjeta BIP, debe contar con los respectivos gobiernos locales, todos sus concejales, la Delegación Presidencial Provincial, SEREMI de Transporte y ojalá, los representantes del Distrito 14 en la Cámara y de la Circunscripción en el Senado, por cierto, con la asistencia de las organizaciones sociales, JJVV o simples vecinos a quienes ésta ya largamente desatendida problemática, les afecte.
Cómo se regula el transporte interurbano?
El Decreto 212, es un reglamento que tipifica los servicios de transporte público de pasajeros a nivel nacional y lo hace entre sectores rurales y su metrópolis más cercana. Por ejemplo, en los servicios rurales de más de 50 km e interurbanos que se presten dentro de la región, únicamente podrán transportarse pasajeros de pie en el caso que sean estudiantes, hasta un máximo de 10. Una simple observación para el caso de Curacavi ¿Calza esto con la realidad?
En palabras del actual Seremi de Transporte Roberto Santa Cruz González, en reunión a la que asistí junto a un par de vecinos en compañía de la senadora Claudia Pascual, uno de los problemas que hay con el Decreto 212 es la fiscalización, pero no entró el Seremi en detalles de si es un instrumento que regula el transporte público de pasajeros difícil de fiscalizar (debido tal vez a su cuerpo estructural) o si se debe a la poca cantidad de fiscalizadores. Pero ¿es esto algo nuevo? Es algo de tan lejana data que incluso es posible rastrear en google la ocasión de cuando un número de pasajeros venía en la sección de maletas (1). Un escándalo o voz de advertencia, como en otras ocasiones, aunque con igual resultado. Esto último indica que simplemente no se ha avanzado en este problema, tal vez porque las autoridades centrales no lo ven como un problema y agravadamente, las locales tampoco ponen el grito a la altura del cielo.
El área metropolitana se densifica y se extiende y la solución de transporte para quienes viven dentro del perímetro del área metropolitana es el Metro y su adyacente sistema Transantiago, redenominado en la actualidad. Incluso, en el Plan Maestro para el Gran Santiago proyectado para el 2025 (2) poco se habla de los sectores rurales adyacentes a la metrópoli y con toda una historia de conectividad.
El caso de Curacavi y María Pinto es de lo más grave, constatando una desatención permanente del conjunto de autoridades. Algunos más otros menos, a lo mucho se encogen los hombros. La pregunta es ¿están en condiciones de demostrar a la población que sí han realizado diligencias para encontrar una solución viable y sostenible en la conectividad con Santiago? No se trata de turismo (que sería apropiado en todo caso) sino del transporte diario de personas vinculadas con la metrópolis ya sea por estudio o trabajo. Y algo diario sin solución a través de los años, solo agrava el problema.
Mesa de Trabajo en Transporte
Curacavi y María Pinto necesitan a la brevedad la conformación de una mesa de trabajo por el transporte o conectividad, que vincule a las autoridades con la sociedad civil, cuyo objetivo debe ser contar con el método de pago denominado Tarjeta BIP o el sistema de pago integrado en uso.
¿Es posible una tarea mancomunada, en beneficio de todos, de esta envergadura? La respuesta es sí, simplemente porque ya está el sendero allanado.
Así como hay un perímetro que engloba al Gran Santiago, lo hay para los que están fuera y se llama: “Perímetro de Exclusión”, que “consiste en la determinación de un área geográfica en la que se exige a todos los servicios de transporte público que operen en dicha zona, y por un plazo determinado, el cumplimiento de ciertas condiciones de operación y de utilización de vías, y otras exigencias, restricciones, diferenciaciones o regulaciones específicas, tales como tarifas, estructuras tarifarias, programación vial, regularidad, frecuencia, antigüedad, requerimientos tecnológicos o administrativos, entre otras”.
En la ocasión nos reunimos con el Seremi de Transporte hubo un ejemplo que comprendía a la comuna de Paine. Paine es rural, al igual que Curacaví y María Pinto. La otra subsecuente pregunta es ¿lo que tenemos como transporte público es la única opción? Lo que tenemos es eso, un transporte público, donde una empresa privada obtiene el permiso para transitar entre un origen y un destino, para el caso nuestro y explicado antes, todo regulado por el Decreto 212.
Y sucede que los perímetros de exclusión son “una iniciativa, financiada con los Fondos Espejo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, tendientes a disponer de sistemas de transporte público de buses con frecuencias, recorridos y tarifas reguladas, también, con mejoras tecnológicas que van en la línea de mejorar el servicio para miles de ñublensinos”, como lo valoró en su tiempo la titular de la cartera de transporte del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, es algo que se está implementando. ¿De quiénes depende que ello se aplique para Curacaví y María Pinto?
En un artículo sobre integración tarifaria de buses rurales publicado en 2019, se establece que “18 comunas rurales que conforman la Región Metropolitana conviven a duras penas con un sistema de buses altamente desregulados, sin ningún estándar ni en la calidad de servicio ni en la fijación de tarifas, transformándose en un problema político, pero que sigue pasando mayormente desapercibido para el grueso de la gente santiaguina” (3).
