En los últimos días en Curacaví, nos hemos enterado de casos crìticos de violencia de género. No por canales institucionales como Carabineros o la Fiscalía, sino por redes sociales. Los casos dan cuenta de lo mismo de siempre: núcleos familiares vulnerables, hombres abusivos y una reacción casi nula de parte de las instancias encargadas de atender estas situaciones.
Chile sigue enfrentando una grave crisis de violencia de género, evidenciada por las desoladoras cifras de femicidios que tiñen de luto al país. Según datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en lo que va de 2024, ya se registran 14 femicidios consumados y 72 femicidios frustrados hasta la fecha, continuando una tendencia preocupante que el año pasado cerró con 40 femicidios consumados en 2023. Estas estadísticas no solo representan la pérdida irreparable de vidas, sino que también exponen la persistencia de patrones culturales y sistémicos de violencia machista que el Estado y la sociedad aún no logran erradicar eficazmente.
A la cruda realidad de las cifras se suma la profunda indignación que genera la liberación de femicidas o agresores violentos por parte del sistema judicial. Casos de sobra, pero solo como ejemplos:
- Carlos Mendez, que en 2023 fue condenado por el femicidio de María Isabel Pavez en 2020. Posteriormente absuelto por la Corte Suprema debido a que se consideró que no hubo ensañamiento.
- Martín Pradenas, condenado por múltiples violaciones, se anula su primer juicio por un vicio procesal, a pesar de las pruebas.
- Mauricio Ortega, con beneficio carcelario, agresor de Natalia Riffo.
La reacción ante esta preocupante situación ha sido diversa y contundente. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Gobierno han reiterado su compromiso con la erradicación de la violencia de género, anunciando medidas como el fortalecimiento de la Ley Gabriela y el aumento de recursos para programas de apoyo a víctimas. Sin embargo, estas respuestas son constantemente interpeladas por las organizaciones de la sociedad civil y colectivas feministas, que exigen acciones más concretas, una reforma judicial profunda con perspectiva de género y una educación transversal que aborde las raíces de la violencia. La ciudadanía, en manifestaciones y a través de redes sociales, ha expresado su hartazgo y frustración ante un sistema que parece no garantizar la protección y justicia para las mujeres.
La violencia femicida no es un fenómeno exclusivo de las grandes urbes; lamentablemente, también golpea con fuerza en zonas rurales, donde la lejanía y la menor visibilidad pueden agudizar la vulnerabilidad de las mujeres. En comunas como Curacaví, la dispersión geográfica y la menor presencia institucional pueden dificultar la detección temprana de situaciones de riesgo y el acceso a redes de apoyo.
Los casos expuestos en redes sociales en las últimas semanas de un incendio de vivienda con personas dentro, y otro que da cuenta de golpes y maltrato de agresor a víctima, solo quedan en el comentario vecinal. ¿Hubo constancia de parte de las víctimas ante carabineros?. Se apersonó carabineros para levantar declaraciones. El departamento respectivo de la Municipalidad de Curacaví está al tanto?. Si el canal jurídico-administrativo no opera bien, está la sociedad civil de Curacaví a la altura como para dar visibilidad a estas agresiones?, se percibe solidaridad con las víctimas?. Una vecindad cohesionada puede ser activa defensora de sus mismos pares sin llegar a tomar la justicia por sus propias manos.
Aunque no siempre alcanzan la notoriedad mediática de otros casos, los femicidios en localidades rurales son una realidad que exige atención específica, reforzando la necesidad de implementar estrategias de prevención y asistencia con pertinencia territorial, que aseguren que ninguna mujer, quede desprotegida ante la amenaza constante de la violencia de género.
