El fallo judicial contra Gustavo Gatica no es solo un drama individual: es una herida abierta en la democracia chilena. Y el fallo que lo revictimiza no puede ser leído como un simple error judicial. Es una decisión política tomada bajo ropaje jurídico.
Gatica fue cegado por agentes del Estado mientras ejercía un derecho constitucional: manifestarse. No estaba armado. No estaba atacando a nadie. Estaba en una plaza pública. El hecho de que el principal responsable operativo —el entonces comandante de Fuerzas Especiales, Claudio Crespo— no haya sido condenado en proporción al daño causado revela algo brutal: en Chile, la violencia estatal sigue gozando de impunidad estructural.
Este fallo consolida la impunidad
Cuando un tribunal relativiza la responsabilidad de un mando policial en un crimen de lesa humanidad porque disparar deliberadamente al rostro de manifestantes es eso— no está aplicando derecho: está administrando el orden político.
El mensaje es claro: El Estado te puede mutilar si cuestionas el orden, y luego el sistema judicial se encargará de normalizar aquello. Eso es exactamente lo que ocurrió durante la dictadura. Y eso es lo que hoy, bajo formas “democráticas”, vuelve a instalarse.
Claudio Crespo no es un “exceso”, es una doctrina.
Crespo no actuó solo ni al margen de la institución. Actuó bajo una doctrina de guerra interna, donde el manifestante es tratado como enemigo. Esa lógica fue promovida por el alto mando de Carabineros y tolerada por el poder político. Por eso no basta con juzgar a un individuo. Aquí hay responsabilidad de mando, responsabilidad del Estado y responsabilidad política.
Cuando el sistema judicial no toca esa estructura, se convierte en cómplice pasivo de la violencia. ¿Debe apelar a instancias internacionales? Sí. Y no solo puede: debe hacerlo. Porque Chile ha demostrado que no quiere juzgarse a sí mismo cuando se trata de crímenes cometidos por sus fuerzas represivas. Gustavo Gatica tiene fundamentos sólidos para acudir al sistema internacional de derechos humanos: No se trata de “un procedimiento policial errado”. Se trata de: Violación grave a los derechos humanos. Uso deliberado de fuerza letal mutilante. Crimen cometido por agentes del Estado. Falta de justicia efectiva en tribunales nacionales. Eso activa la jurisdicción internacional.
CIDH
La vía correcta no es la Corte Internacional de Justicia (que resuelve disputas entre Estados), sino el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí Chile sí puede ser juzgado y condenado como Estado. El caso Gatica es un espejo de Chile. Si el caso Gatica queda impune, el mensaje es devastador: Protestar puede costarte los ojos, y nadie pagará por ello. Eso no es una democracia. Es un régimen que tolera la mutilación como forma de control social.
Gustavo Gatica ya perdió la vista. Ahora el país corre el riesgo de perder algo peor: su dignidad moral. Si Chile no es capaz de hacer justicia, entonces que lo haga el mundo.
