La decisión del gobierno de José Antonio Kast de recortar en un 3% el presupuesto de todos los ministerios, bajo el pretexto de “ordenar las arcas fiscales”, no es un error técnico ni una torpeza administrativa. Es una decisión política consciente. Y como tal, revela con claridad el proyecto de país que se busca imponer: uno donde el Estado se reduce, no por eficiencia, sino por convicción ideológica.
Aquí no hay neutralidad. Hay intencionalidad.
El recorte indiscriminado —ciego, mecánico, sin distinción entre áreas estratégicas y prescindibles— no responde a criterios de gestión moderna, sino a una lógica profundamente regresiva. Se actúa como si el Estado fuera una empresa que debe “ajustarse”, ignorando deliberadamente que su función no es generar utilidades, sino garantizar derechos, reducir desigualdades y construir desarrollo.
Recortar todo por igual no es justicia: es ignorancia funcional o cinismo político.
Pero el rasgo más revelador no es el recorte en sí, sino lo que se decide no tocar. Mientras se debilitan la educación, la ciencia y la cultura, se preserva , y se legitima el gasto en seguridad. Es decir, se abandona la construcción de soluciones estructurales y se invierte en contener sus consecuencias. No se resuelven los problemas: se administran mediante control.
Esto no es casual. Es doctrina.
Se instala así un Estado que renuncia a comprender las causas de la desigualdad, pero se fortalece para reprimir sus efectos. Un Estado que no educa, pero vigila. Que no investiga, pero castiga. Que no transforma, pero contiene.
Recortar en educación no es austeridad: es condenar a las futuras generaciones.
Recortar en ciencia no es eficiencia: es renunciar a la soberanía.
Recortar en investigación no es orden fiscal: es perpetuar la dependencia.
Un país que no produce conocimiento no compite: obedece.
Y Chile ya conoce demasiado bien ese camino. No es nuevo. Es la profundización del modelo instalado durante la dictadura de Augusto Pinochet, donde lo público fue sistemáticamente debilitado y el desarrollo quedó subordinado al mercado. Lo que hoy se presenta como “responsabilidad fiscal” no es más que la continuidad de esa matriz: achicar el Estado donde protege y fortalecerlo donde controla.
Porque aquí está la clave: el Estado no desaparece. Se reconfigura.
Se reduce su rol social, pero se refuerza su capacidad coercitiva. Se abandona su función de garante de derechos, pero se consolida como instrumento de disciplina.
Y esto se vuelve aún más brutal en el contexto actual. En medio de un escenario internacional marcado por conflictos, inflación y alza de combustibles, el costo de la vida se dispara. Pero en lugar de proteger a la población, el gobierno opta por sostener beneficios para los sectores de mayores ingresos.
El mensaje es inequívoco: el ajuste lo paga la mayoría, el alivio lo recibe la élite.
No es contradicción. Es diseño.
Se socializan los costos y se privatizan los beneficios. Las crisis no se enfrentan distribuyendo el impacto, sino profundizando la desigualdad. Y cuando el crecimiento económico aparece —si aparece— no se traduce en bienestar, sino en mayor concentración.
Este modelo no busca equilibrio. Busca control.
Por eso la discusión de fondo no es técnica, es política:
¿Para quién gobierna el Estado?
¿A quién protege realmente?
¿Quién paga el costo del “orden”?
Las respuestas son evidentes.
Este tipo de políticas no están orientadas a resolver los problemas estructurales del país, sino a administrar sus tensiones sin alterar el orden existente. No buscan desarrollo, buscan estabilidad para unos pocos.
Y la historia es clara en esto: cuando la desigualdad se contiene en lugar de resolverse, cuando se reprime en lugar de transformar, cuando se ajusta a la mayoría mientras se protege a la minoría, el resultado no es progreso.
Es conflicto.
