Un caso de límite de velocidad en autopista con clara señalética salió a la luz pública coincidentemente con el hecho criminal en San Bernardo donde falleció un menor de edad. Los casos de la página roja siempre se vuelven virales y conmocionan a la ciudadanía. El trabajo de las policías, las fiscalías y la prensa pareciera estar en una suerte de quien llega primero o quien hace el trabajo según protocolo, para luego constatar situaciones nada de amables o de mucha asimetría. Un caso de límite de velocidad nunca se compara con la muerte de un menor, pero la muerte de un menor, con toda la vida truncada, se trata casi de la misma manera que la de una falta de tránsito. Carabineros debe atender múltiples funciones, muchas de las cuales son de simple notificación, o cuidado de casas de su generalato cuando algún incendio forestal podría poner en peligro la propiedad privada de un general de la institución, como ocurrió en Curacaví para el incendio de 2017 en el sector de la Parcelación El Naranjo. Fiscalía debe presentar la fuerza de la prueba ante los jueces y éstos al final, dirimen con una medida cautelar o una sentencia. El ruido traspasa las puertas y no en pocas oportunidades nos hemos enterado que Fiscalía no hizo bien la pega, que Carabineros olvidó algún protocolo o que ya no solo algunas sino varias personas que integran el Poder Judicial, están o detenidas o con algún grado de medida cautelar en casos de conocidos casos de corrupción.
La situación no mejora cuando la presión política del gobierno de turno debe surfear la preocupación ciudadana y la preocupación ciudadana en ocasiones llega al colmo de tomarse la justicia por su propia mano. Lo ocurrido hace años atrás con un joven que fue asaltado en una plaza pública y arranca de sus captores, termina entrando en una casa para buscar refugio, y allí encuentra a la muerte cuando sus moradores y/o vecinos lo golpean sin descanso.
Y la situación tampoco mejora cuando crece la sospecha que ya no se trata de simples faltas de protocolo de cualquiera de las instituciones intervinientes en la lucha contra el crimen, sino de la asimetría con que una jueza dicta una medida cautelar. El caso causó conmoción en Chile este 21 de junio cuando Pablo Izquierdo Reyes, de 38 años y oriundo de la comuna de Lo Barnechea, es detenido conduciendo un BMW modelo M2 G87 a 264 km/h en la autopista Costanera Norte, a la altura del kilómetro 7,5 en la comuna de Vitacura, donde el límite máximo es de 100 km/h. El imputado ya contaba con una condena del año 2009 por conducción en estado de ebriedad, además de antecedentes relacionados con la ley de drogas. La detención fue practicada por Carabineros de la 32ª Comisaría del Tránsito mediante radares técnicos, en el marco de servicios preventivos en la autopista.
El enojo masivo ciudadano no guardo tanta relación con la velocidad sino la respuesta judicial y el vínculo con el poder. La jueza Ximena Rivera Salinas, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, rechazó el arresto domiciliario total solicitado por la Fiscalía, no ordenó la suspensión de la licencia de conducir y prohibió revelar la identidad del conductor, dejándolo en libertad con firma mensual y arraigo nacional.
Una investigación periodística destapó que el imputado es primo directo de la esposa del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, el mismo ministro que horas antes había declarado públicamente que los responsables de la muerte del niño Alejandro en San Bernardo «no merecen ninguna clemencia». La coincidencia temporal entre ambos casos disparó en la ciudadanía una percepción de justicia con dos pesos y dos medidas, generando uno de los debates más intensos sobre desigualdad ante la ley registrados en Chile en los últimos años. Por su parte el ministro aludido negó el vínculo familiar. Pero más allá de una anécdota nada de soterrada sino que por el contrario, aparece demasiadas veces, demuestra la Ley está hecha para obviar la incivilidad de conducir no a exceso de velocidad sino a 264 km/m y al conductor con antecedentes le sale casi a costo $ 0.-, o la justicia a través del Poder Judicial y sus personeros tratan a unos de una manera y a otros de otra, y no sería algo jamás observado, sino un simple recordatorio que seguirá de la misma manera y algo peor.
