El gobierno de Kast, alineado con los intereses de las grandes transnacionales semilleras, impulsa un proyecto de Ley de Semillas que llevaría a Chile a adherir al convenio internacional UPOV 91. Suena a tecnicismo, pero en el fondo es simple: es la entrega de nuestro patrimonio genético a unas pocas corporaciones: esta ley define quién es dueño de las semillas y, por lo tanto, qué pueden hacer o no hacer los agricultores con ellas. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), lejos de ser un ente neutral, abrió una consulta ciudadana que, con un lenguaje técnico, busca legitimar un cambio que beneficiara a la industria en desmedro de los campesinos, las abejas y la biodiversidad. El tiempo corre y el peligro ambiental es inminente.
¿Qué hace esta ley, en simple?
Hoy, un agricultor puede guardar, reutilizar e intercambiar sus propias semillas sin pedir permiso a nadie. UPOV 91 permite que un país restrinja ese derecho cuando la
La semilla está “protegida” por una empresa. En la práctica, esto significa que una semilla registrada por una multinacional pasa a tener dueño, y usarla, guardarla y compartirla sin autorización puede convertirse en una infracción.
Esto no es una exageración teórica: ya ha pasado en otros países, y también en Chile. El presidente de la Confederación Ranquil, Osvaldo Zuñiga, ha denunciado casos como el de un agricultor de Linares obligado a destruir su plantación por usar semillas patentadas sin saber que estaba infringiendo un derecho de propiedad intelectual. (Fuente: Radio Nuevo Mundo, 2026). Chile está a punto de repetir esa historia, pero con un agravante: nuestro país posee un tesoro genético invaluable que esta ley pone en la mira.
Chile tiene un patrimonio de semillas nativas, como: papas, maíces, quinua, porotos, entre otras, que las comunidades han cuidado y adaptado durante generaciones a la sequía y a los suelos locales. Este patrimonio se sostiene gracias al intercambio libre entre vecinos y comunidades. Una ley que privilegia el registro y el pago de derechos por sobre esa práctica tradicional debilita justamente lo que ha mantenido viva esa diversidad genética. Perderemos variedades resistentes a plagas y al cambio climático, justo cuando más lo necesitamos.
Semillas transgénicas y más glifosato: el veneno que ya está matando a las abejas
Esta ley empuja a Chile hacia un modelo agrícola con más semillas transgénicas resistentes a herbicidas, lo que en la práctica implica más uso de glifosato en los campos. Y aquí las evidencias científicas son claras, no especulativas.
- El glifosato altera la percepción olfativa, el gusto y la memoria de corto plazo de las abejas, dificultando su capacidad de asociar un aroma floral con una recompensa (fuente: Nex Ciencia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires).
- Una investigación de campo más reciente, realizada por equipos de la UBA, la Facultad de Agronomía (FAUBA – CONICET) y el INTA, confirmó que en condiciones reales de cultivo el glifosato deja residuos químicos en el polen y debilita la sustentabilidad de las colmenas (fuente: FAUBA- CONICET, 2025).
- Una abeja que no puede orientarse, no vuelve. Si vuelve enferma, contamina a toda la colmena.
No hace falta imaginar un escenario catastrófico a futuro: es lo que ya está documentado en terreno. Los apicultores chilenos llevan años denunciando mortandad de abejas y colapso de colmenas en zonas en donde se cultivan transgénicos para exportación. Con esta ley, esa contaminación se extenderá a todo el territorio agrícola.
La miel ya pagó el precio de la contaminación transgénica
Esto no es hipotético. Desde 2011, la Unión Europea exige que cualquier miel con más 0,9% de polen transgénico se etiquete como producto derivado de transgénico. Un estudio del Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Mayor confirmó la presencia de estos marcadores en la miel chilena, por sobre el límite permitido, validando el rechazo de esos envíos (fuente: Universidad Mayor, vía Fundación Terram).
El dato es relevante porque, según cifras de ODEPA, cerca del 85% de las exportaciones de miel chilena van a la Unión Europea, y un 80% de eso llega a Alemania. Apicultores y gremios han denunciado durante años la falta de control del SAG sobre dónde se siembran los cultivos transgénicos, y estiman pérdidas importantes de mercado producto de esa contaminación. Expandir el modelo transgénico sin resolver ese problema de control sólo agrava una crisis que la propia industria apícola ya viene sufriendo.
EL otro costo: Cuando el que contamina no paga, pagamos todos
La Ley de semillas no avanza sola, en Julio de 2026, el Senado aprobó dentro de la reforma económica y tributaria del gobierno de Kast, un artículo que permite restituir gastos e indemnizar con fondos públicos a empresas cuyos proyectos de inversión hayan sido rechazados o revocados por razones ambientales (fuente: Ámbito/ Gestión, julio,2026). La norma se aprobó por un estrecho margen de 26 votos en contra 24, en medio de duras críticas de la oposición, que anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional. En la misma lógica que atraviesa la Ley de semillas: se privatiza la ganancia, el uso exclusivo de la semilla, la inversión que sale más adelante pese al rechazo ambiental, y se socializa el costo: la pérdida de patrimonio genético, la salud de las abejas, y ahora, también la plata de todos las/ los Chilenos que financiara las indemnizaciones a proyectos que el propio sistema ambiental decidió rechazar. No es solo una ley de semillas: es un mismo modelo que traslada el riesgo ambiental del bolsillo de las corporaciones al bolsillo del Estado y de la ciudadanía.
No es exagerado decir que de aprobarse esta ley nos devuelve a la época colonial, cuando el campesino no era dueño de lo que sembraba. Será un retroceso en soberanía alimentaria, en biodiversidad y en derechos de los pueblos originarios, a quienes se les debe consultar según el convenio 169 (OIT), algo que este proyecto no ha hecho.
En síntesis, este es un proyecto que beneficiará como se expresó al principio de este artículo a unas pocas multinacionales en desmedro de la agricultura familiar campesina y de los ecosistemas. Es un cóctel letal: presión externa + voluntad política = pérdida de patrimonio genético y colapso de polinizadores.
Lo que hay que tener claro: si aprueban esta ley:
- Se privatiza el uso de las semillas. El agricultor deja de tener control pleno sobre lo que siembra
- Se acelera el uso de agroquímicos, con efectos comprobados sobre la salud y sobrevivencia de las abejas
- Se profundiza una crisis exportadora que la apicultura chilena ya enfrenta por la contaminación de polen transgénico.
- Se pierde diversidad genética, justo cuando más se necesita resiliencia frente al cambio climático.
- Las/ los Chilenos quedan expuestos a financiar con fondos públicos las indemnizaciones de los mismos proyectos que dañan el patrimonio y el ecosistema.
Chile tiene una oportunidad única de decir “no” a este modelo depredador. El Congreso deberá discutir esta ley con todas las evidencias sobre la mesa. Si se aprueba, no habrá marcha atrás: los campos quedarán desiertos de abejas, las bodegas vacías de semillas nativas y el país dependerá de unas pocas corporaciones y de la plata pública para sostener el negocio de quienes contaminan. Eso no es futuro, más bien será un retroceso irreversible. Cuidar las semillas y a las abejas es cuidar el patrimonio más valioso que Chile tiene para enfrentar el futuro. Actuar ahora, es proteger la naturaleza y el patrimonio cultural del país.
Marcia Millaqueo Ibarra.
