Hay fechas que pertenecen al pasado y hay otras que, aunque hayan transcurrido décadas, siguen teniendo la capacidad de interrogarnos desde el presente. El 11 de julio de 1971 pertenece a esta segunda categoría. Ese día, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la reforma constitucional que nacionalizó la gran minería del cobre. Fue un momento excepcional de nuestra historia, porque detrás de aquella decisión existía una convicción que atravesaba prácticamente todo el espectro político: el cobre no podía ser considerado simplemente un mineral que se extraía de nuestras montañas. Era una riqueza estratégica y, por lo tanto, una herramienta fundamental para que Chile pudiera construir su propio desarrollo.
Salvador Allende lo llamó el “sueldo de Chile”, una expresión que, más allá de las diferencias políticas que provocaba su gobierno, consiguió representar algo mucho más profundo que una consigna. La idea era que la riqueza producida por el cobre debía contribuir a financiar el desarrollo del país y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. La nacionalización significaba, en consecuencia, mucho más que cambiar la propiedad de unas determinadas compañías mineras: significaba afirmar que Chile tenía derecho a decidir sobre una de sus principales riquezas naturales.
Cuando uno vuelve hoy sobre aquella historia, 55 años después, resulta inevitable preguntarse cuánto de esa decisión permanece realmente en el Chile actual.
La respuesta no es sencilla.
La dictadura militar no derogó formalmente la propiedad estatal sobre las minas, pero modificó profundamente las condiciones en que podían ser explotadas. La Constitución de 1980 y la legislación minera de comienzos de esa década establecieron un régimen de concesiones que otorgó amplias garantías a la inversión privada y permitió que, con el paso de los años, grandes empresas nacionales y extranjeras desarrollaran proyectos mineros de enorme magnitud.
Así comenzó a producirse una transformación que, con el tiempo, cambiaría el rostro de nuestra minería. Mientras Codelco continuaba explotando los grandes yacimientos que habían sido nacionalizados en 1971, crecían Escondida, Collahuasi, Los Pelambres, Candelaria, El Abra, Los Bronces y muchas otras operaciones privadas. Chile aumentaba extraordinariamente su producción de cobre, pero al mismo tiempo se iba consolidando una estructura en la cual una parte muy importante de la expansión de nuestra minería quedaba en manos privadas, muchas veces vinculadas a grandes capitales extranjeros.
La pregunta que surge entonces es incómoda, pero necesaria: ¿qué ocurrió cuando Chile recuperó la democracia?
En 1990 se recuperaron las instituciones democráticas y con ellas apareció la posibilidad de revisar buena parte de las estructuras económicas heredadas de la dictadura. Sin embargo, en materia minera los gobiernos de la Concertación optaron fundamentalmente por preservar el modelo existente. Se argumentó que la estabilidad jurídica, la inversión extranjera y el crecimiento de la producción eran condiciones necesarias para el desarrollo del país. Se introdujeron reformas tributarias, ambientales y posteriormente el royalty minero, pero no se modificó sustancialmente el régimen de concesiones que había permitido la expansión de la gran minería privada.
Y aquí debemos detenernos, porque esta parte de nuestra historia merece una mirada mucho más crítica de la que habitualmente hacemos.
Es cierto que la Concertación recibió una estructura económica construida durante la dictadura. Pero también es cierto que gobernó Chile durante dos décadas, tuvo capacidad legislativa y tuvo la posibilidad de discutir qué elementos de aquella herencia debían mantenerse y cuáles debían modificarse. Por eso no parece suficiente explicar todo lo ocurrido diciendo simplemente que “ese era el modelo heredado”. Durante la democracia también hubo decisiones que contribuyeron a consolidarlo.
Es precisamente en este punto donde adquiere especial importancia la figura de Jorge Lavandero.
Lavandero resulta particularmente interesante porque su crítica no provino de un observador externo que muchos años después revisó la historia. Fue senador de la República y llevó esta discusión al propio Congreso mientras los gobiernos de la Concertación estaban gobernando. Durante años cuestionó la política minera y llamó la atención sobre la pérdida de renta y de control nacional sobre nuestros recursos estratégicos.
Uno de los episodios que merece especial atención es la Ley 19.137, promulgada durante el gobierno de Patricio Aylwin en 1992. Esta legislación modificó el régimen existente y permitió, bajo determinadas condiciones, el traspaso a privados de determinadas pertenencias mineras de Codelco que no estaban siendo explotadas y que no formaban parte de sus planes de reposición. El Archivo Nacional recoge este cambio dentro de la evolución del régimen jurídico de la minería chilena.
Lavandero cuestionó duramente este proceso y, años después, llevó al Senado sus objeciones respecto de determinadas asociaciones y operaciones realizadas por Codelco con empresas privadas. En una intervención parlamentaria de marzo de 2000 dejó registrada su interpretación de que algunas de esas operaciones excedían las posibilidades que entregaba la legislación vigente. Sus argumentos jurídicos fueron objeto de controversia, por lo que debemos presentarlos como lo que fueron: sus denuncias y su interpretación del problema, no como hechos judicialmente establecidos.
Pero incluso más allá de la exactitud jurídica de cada una de sus denuncias, hay algo históricamente muy significativo en su trayectoria: Lavandero estaba planteando, desde el interior de la democracia, una pregunta que el país no quiso enfrentar plenamente.
¿Hasta dónde podía llegar la participación privada en la riqueza minera que Chile había nacionalizado?
Y esa pregunta nos conduce a otra todavía más profunda: ¿por qué la democracia chilena recuperó la soberanía política después de la dictadura, pero no intentó recuperar con la misma decisión la soberanía económica sobre sus principales recursos naturales?
No creo que exista una respuesta simple. La Concertación no fue un bloque homogéneo, ni todos sus gobiernos actuaron de la misma manera. Hubo diferencias, hubo debates y hubo dirigentes que intentaron aumentar la participación del Estado en la renta minera. El propio Lavandero fue uno de ellos y tuvo un papel importante en la discusión que condujo al royalty. Pero el resultado general fue que el modelo minero heredado de la dictadura permaneció esencialmente intacto.
Y esta es, probablemente, una de las grandes contradicciones de nuestra transición.
La democracia cambió las reglas políticas, pero en materias económicas fundamentales aceptó una parte importante de las reglas heredadas.
No se trata de desconocer los logros de la transición ni de juzgar toda aquella etapa desde el presente. Se trata de preguntarnos qué decisiones se tomaron y cuáles no se tomaron cuando existía la posibilidad de hacerlo. Nuestro propio texto original lo plantea de manera clara: la responsabilidad política no se mide solamente por aquello que se hace, sino también por aquello que se decide no modificar cuando se tiene la capacidad de hacerlo.
Y mientras discutíamos estas cuestiones, Chile siguió produciendo cobre.
Mucho cobre.
Pero producir cobre no es necesariamente lo mismo que capturar toda la riqueza que genera. Podemos ser grandes productores y continuar dependiendo de la exportación de materias primas. Podemos tener una empresa estatal de enorme importancia y, simultáneamente, permitir que una parte creciente de la expansión minera se encuentre en manos privadas. Podemos tener una riqueza extraordinaria bajo nuestro territorio y no convertirla suficientemente en investigación científica, tecnología, industrialización y conocimiento.
Por eso, cuando hablamos del cobre, creo que la pregunta nunca debería limitarse a quién lo extrae.
La pregunta verdaderamente importante es quién captura el valor que genera y quién tiene la capacidad de decidir qué hacer con esa riqueza.
Y es precisamente aquí donde Codelco vuelve a ocupar el centro de nuestra preocupación.
En 2026 se ha abierto nuevamente una discusión sobre su futuro. Es importante ser rigurosos: el Gobierno de José Antonio Kast ha descartado públicamente privatizar Codelco. No existe hoy una decisión de vender la empresa.
Pero tampoco podemos mirar hacia otro lado.
Desde el Partido Republicano se ha planteado incorporar capital privado a Codelco, mientras el Gobierno ha señalado que no está considerando privatizar la empresa, pero sí contempla la posibilidad de asociaciones con privados y de vender determinados activos considerados prescindibles.
Al mismo tiempo, Codelco se encuentra desarrollando una revisión estratégica que considera su cartera de proyectos, estructura de costos, alternativas de financiamiento y la eventual venta de activos. Es decir, no estamos frente a una privatización consumada, pero sí frente a una discusión sobre el patrimonio, el financiamiento y las formas de participación privada en una empresa que constituye uno de los principales instrumentos económicos del Estado chileno.
Y hay aquí una paradoja que merece nuestra atención.
El Gobierno acaba de autorizar que Codelco retenga el 100% de sus utilidades correspondientes a 2025, aproximadamente US$2.423 millones, con el objetivo de fortalecer su patrimonio y financiar inversiones. Es una decisión relevante porque permite a la empresa disponer de mayores recursos propios en un momento en que enfrenta enormes necesidades de inversión.
Pero entonces aparece una pregunta que considero inevitable: ¿para qué queremos una Codelco más fuerte?
Si queremos fortalecerla para modernizar sus operaciones, desarrollar tecnología, aumentar su productividad, invertir en conocimiento y convertirla en una empresa minera pública de excelencia, estamos hablando de una cosa.
Si la fortalecemos para hacerla más atractiva a futuros inversionistas privados, estamos hablando de otra.
La diferencia no es menor.
Porque Codelco no es una empresa cualquiera.
Tiene problemas, por supuesto. Necesita modernización, inversión, eficiencia, innovación y una administración profesional. Pero precisamente porque pertenece a todos los chilenos, tenemos derecho a exigirle excelencia. Lo que no deberíamos aceptar fácilmente es que cada dificultad financiera termine transformándose en un argumento para transferir patrimonio o capacidad de decisión al capital privado.
Aquí es donde la historia de Lavandero vuelve a cobrar sentido.
No porque debamos aceptar automáticamente todas sus conclusiones, sino porque nos recuerda que estas discusiones no comenzaron hoy. Hace décadas, dentro de la propia democracia, hubo quienes advirtieron que las decisiones sobre concesiones, asociaciones y renta minera podían terminar debilitando la capacidad del Estado para controlar una riqueza estratégica.
Hoy, 55 años después de la nacionalización, volvemos a encontrarnos frente a una situación que tiene elementos conocidos.
El cobre es nuevamente un recurso extraordinariamente estratégico. El mundo necesita cada vez más minerales para la electrificación, las redes eléctricas, la electromovilidad, las energías renovables y las nuevas tecnologías. Incluso el desarrollo de la inteligencia artificial y de los grandes centros de datos está asociado a una expansión de las necesidades energéticas y de infraestructura que requerirá enormes cantidades de minerales.
Chile tiene una oportunidad que sería irresponsable desperdiciar.
Podemos continuar siendo principalmente exportadores de cobre o podemos utilizar esta riqueza para construir capacidades nacionales mucho mayores: investigación científica, universidades, tecnología, industria, innovación y formación de trabajadores altamente calificados.
En otras palabras, podemos seguir preguntándonos cuánto cobre somos capaces de sacar de nuestras montañas o podemos comenzar a preguntarnos qué país somos capaces de construir con ese cobre.
Para mí, esa es la verdadera discusión.
Y por eso no creo que defender Codelco signifique defender una empresa inmóvil o negar sus problemas. Significa defender la existencia de un instrumento que permite al Estado chileno participar directamente en una actividad estratégica y utilizar parte de esa riqueza para objetivos nacionales.
Podemos discutir cómo mejorar Codelco.
Podemos discutir cómo hacerla más eficiente.
Podemos discutir asociaciones tecnológicas.
Podemos discutir nuevas formas de financiamiento.
Podemos discutir incluso determinadas asociaciones con privados.
Lo que no deberíamos entregar sin una discusión nacional mucho más profunda es la capacidad de Chile para decidir sobre su principal riqueza minera.
Porque cuando uno mira esta historia en perspectiva, aparece algo que me parece imposible ignorar.
En 1971 Chile nacionalizó el cobre.
La dictadura construyó un sistema de concesiones que abrió enormes espacios a la minería privada.
La democracia recibió ese modelo y, en lugar de desmontarlo estructuralmente, optó en gran medida por administrarlo y perfeccionarlo.
Dentro de esa democracia hubo voces, como la de Jorge Lavandero, que denunciaron sus consecuencias y trataron de modificar el rumbo.
Y ahora, en 2026, volvemos a discutir sobre capital privado, asociaciones y activos de Codelco.
Por eso sostengo que la batalla por el cobre nunca terminó.
Simplemente cambió de escenario.
Ya no se libra necesariamente en una nacionalización o una expropiación. Puede librarse en una ley, en una concesión, en una asociación, en una decisión de inversión, en la venta de un activo o en la forma en que se define el futuro de una empresa estatal.
Y quizás esa sea la razón por la que debemos mirar esta discusión con tanta atención.
No porque sepamos de antemano cuál será su desenlace, sino porque conocemos la historia y sabemos que las transformaciones profundas no siempre ocurren mediante una sola gran decisión. Muchas veces ocurren lentamente, mientras la sociedad se acostumbra a pequeñas modificaciones que, acumuladas durante años, terminan cambiando completamente el escenario.
Por eso el debate sobre Codelco no puede reducirse a la pregunta de si será o no privatizada.
Tenemos que preguntar qué activos se venderán, con quién se asociará, qué participación conservará el Estado, qué decisiones permanecerán bajo control público y, sobre todo, qué parte de la riqueza generada por el cobre seguirá estando al servicio de Chile.
Quizás después de 55 años debamos volver a mirar aquella frase de Allende con otros ojos.
El “sueldo de Chile” no era solamente una manera de hablar de los ingresos que generaba el cobre. Era una manera de imaginar un país que pudiera utilizar su riqueza para construir su propio futuro.
Hoy tenemos una oportunidad de hacer algo parecido, pero adaptado al siglo XXI.
No se trata de regresar mecánicamente a 1971. El mundo cambió, la economía cambió, la tecnología cambió y también cambió la propia industria minera.
Se trata de recuperar el principio que estaba detrás de aquella decisión: las riquezas estratégicas de Chile deben estar al servicio del desarrollo de Chile.
Y eso significa mucho más que conservar una empresa estatal.
Significa construir soberanía económica.
Significa utilizar el cobre para producir conocimiento y tecnología.
Significa transformar una riqueza natural en capacidades nacionales.
Significa que nuestros hijos y nuestros nietos no reciban solamente montañas vaciadas de mineral, sino un país con mejores universidades, mayor conocimiento, más industria y mayor capacidad para decidir su propio destino.
Por eso, cuando hoy se discute el futuro de Codelco, no puedo evitar volver mentalmente a aquel 11 de julio de 1971.
Han pasado 55 años.
Han cambiado gobiernos, partidos, leyes y modelos económicos.
Pero la pregunta esencial continúa siendo la misma.
¿Quién decide qué hacer con la riqueza de Chile?
Quizás esa sea la verdadera pregunta que la historia del cobre nos deja.
Y quizás también sea la razón por la que debemos seguir hablando de él.
Porque el cobre no pertenece a un gobierno, ni a un partido, ni a un directorio. Pertenece a una nación que, en un momento extraordinario de su historia, decidió que esa riqueza debía estar al servicio de todos.
El desafío de nuestra generación es decidir si somos capaces de mantener vivo ese principio y convertirlo en un proyecto de futuro.
Porque el cobre puede seguir siendo solamente una materia prima que extraemos y exportamos.
O puede convertirse nuevamente en lo que soñamos alguna vez:
una riqueza capaz de financiar el desarrollo, el conocimiento y la soberanía de Chile.
Ese, para mí, sigue siendo el verdadero significado del “sueldo de Chile”.
