La Coordinadora Cuenca del Puangue invita a la comunidad a ser parte del 1er Monitoreo Comunitario de la Calidad de Agua del Estero Puangue. Se realizarán mediciones sencillas para evaluar la salud del estero, en una actividad ciudadana donde se ocuparán instrumentos de fácil uso, por lo que no es necesario conocimientos científicos previos para participar y ayudar.
La actividad se realizará este sábado 12 de septiembre, desde las 10:00 hrs. Y los puntos de encuentro serán: Sector Piedra Tacita y Sector Badén Las Rosas. Se puede llegar indistintamente a los dos puntos a las 10:00. Colaboradores y miembros de la Coordinadora estarán simultáneamente en ambos lugares. La actividad tiene un tiempo estimado de duración de 30 minutos y luego se espera que quienes quieran compartir ya sea la compañía o experiencias similares, permanezcan un rato más.
Se sugiere llevar ropa cómoda, gorro y protector solar y botas de agua para quienes quieran ingresar al estero a tomar las muestras.
Un problema nacional
Los esteros y ríos menores del territorio chileno enfrentan una presión creciente por contaminación agrícola, industrial y domiciliaria. El aparato estatal encargado de vigilar su estado enfrenta límites estructurales para hacerlo de forma sistemática. La Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, es el organismo llamado a monitorear la calidad de las aguas continentales en todo el país, tarea que ha reforzado con nuevas tecnologías como la teledetección y un aumento de las fiscalizaciones —de menos de 4 mil casos resueltos entre 2018 y 2021 a más de 8 mil entre 2022 y 2025, según cifras entregadas por el propio organismo. Sin embargo, especialistas en recursos hídricos apuntan a que fuera de esa red de control, no existe una supervisión constante de numerosos cursos de agua menores, lo que impide saber con precisión cuán contaminadas están las aguas que muchas comunidades usan para riego, consumo o actividades recreativas.
El marco legal chileno contempla herramientas de control, aunque su aplicación efectiva ha sido cuestionada. El Código de Aguas —modificado en 2022— y la Ley N° 21.064, de 2018, ampliaron las atribuciones de la DGA para fiscalizar extracciones no autorizadas y aumentaron las multas máximas de 20 a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales, mientras que la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y la Ley N° 20.417, que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente (conocida como LOSMA), constituyen el pilar institucional de la fiscalización ambiental en Chile. La SMA es el organismo competente para investigar y sancionar infracciones a normas de calidad y emisión, a resoluciones de calificación ambiental y a otros instrumentos de gestión ambiental, incluyendo aquellas vinculadas a cuerpos de agua. Pero en lo legislativo hay debilidades: iniciativas presentadas ante el Congreso han advertido que las multas contempladas en el Código de Aguas para infracciones no tipificadas específicamente carecen de efecto disuasivo por su bajo monto, y que las normas que exigen entregar información sobre extracciones y derechos de aprovechamiento han resultado insuficientes para una gestión adecuada del recurso.
Cada ciudadano, un fiscalizador
Frente a estas limitaciones, la legislación chilena reconoce un rol activo a la ciudadanía. Cualquier persona puede presentar una denuncia ambiental ante la Superintendencia del Medio Ambiente —de forma presencial, por correo o a través de su sitio web—, la que está obligada a dar respuesta dentro de los plazos que fija la LOSMA y puede derivar en fiscalización, formulación de cargos y sanciones. La Ley N° 19.300 también consagra el derecho de acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en procesos de evaluación de impacto ambiental, mientras que la Ley N° 20.285, de Transparencia, permite solicitar a organismos como la DGA o la SMA los antecedentes técnicos con que cuentan sobre un curso de agua determinado. En ese contexto, iniciativas como el monitoreo comunitario de la calidad del agua, como la que la Coordinadora Cuenca del Puangue realizará junto a vecinas y vecinos, en base a una práctica de ciencia ciudadana que utiliza instrumentos de medición simples y no requiere conocimientos técnicos previos, se han vuelto una vía complementaria para generar información propia sobre el estado de ríos y esteros, presionar por respuestas institucionales y, eventualmente, sustentar denuncias formales cuando los datos recogidos por la comunidad evidencian un problema que el Estado no ha detectado o no ha resuelto.
