Desde el jueves el 70% de la población estará confinado lo que instala la incertidumbre de cómo las familias enfrentarán económicamente la situación. El mandatario anunció nuevas medidas durante la noche pero aún no se conoce si se considerarán suficientes.
Apocos días de que termine marzo, Chile vive uno de los peores momentos desde que hace un año llegó la pandemia del coronavirus, con 38.024 contagios activos según las cifras entregadas por el Ministerio de Salud ayer lunes.
En todo este tiempo ha quedado demostrado que la crisis además de sanitaria es socioeconómica. Las cuarentenas afectaron a gran parte de los hogares chilenos y las cifras más recientes alertan de un escenario oscuro para los meses que vienen, con un índice de cesantía que no baja de las dos cifras, pobreza por sobre el 10% y un Imacec de enero un 3,1% más bajo que el de enero de 2020.
Es por esto que el anuncio hecho ayer por el Ministerio de Salud respecto del retroceso de 42 comunas a la fase de cuarentena del plan Paso a Paso impactó de inmediato en cómo afectará al bolsillo de los hogares chilenos. En concreto, a partir del jueves el 48% de las comunas a lo largo del país estarán en cuarentena, lo que corresponde a un 70% de la población.
Justo en este panorama, el miércoles la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzará la tramitación de los cinco proyectos presentados que buscan permitir un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, medida emblemática durante la emergencia sanitaria para enfrentar la falta de liquidez en las familias chilenas a través de sus propios ahorros.
Esta iniciativa, tal como sus dos versiones anteriores, ha estado marcada por la fuerte tensión del gobierno con el Congreso, esto principalmente porque ha significado que parlamentarios del oficialismo se inclinen a favor de la acción yendo en contra de los deseos de La Moneda de proteger los dineros almacenados en las AFP.
En la actualidad, también hay congresistas de gobierno que llaman a votar a favor del proyecto y otros que se declaran abiertos a hacerlo, algo que complica al Ejecutivo considerando que según una encuesta de Ipsos un 76% de los chilenos está de acuerdo con la moción. Aunque hay otros, como los diputados de la Comisión de Constitución Gonzalo Fuenzalida (RN) y Matías Walker (DC), quienes estuvieron firmes con la aprobación las dos veces pasadas, que hasta ahora no se han cuadrado con la iniciativa bajo el argumento de que el Tribunal Constitucional la frenará después de ser despachada, lo que generaría una falsa expectativa en la población.
Estos parlamentarios tienen a favor el hecho de que en el segundo retiro el TC efectivamente falló esto. Pero en esta pasada el tema pasaría más sobre si el gobierno decide impugnar de esta misma forma la moción o si el organismo constitucional decide actuar para bloquearlo.
En conversación con INTERFERENCIA, el diputado y presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Ilabaca (PS), se mostró confiado en que el tema prospere en la Cámara, pero tiene dudas respecto de lo que pueda hacer el gobierno y el TC.
“Vivimos el momento más duro de esta pandemia. Hoy cuando se establece una cuarentena tan alta es necesario que el Estado entregue una solución digna, universal y sin letra chica a la población. El gobierno no ha puesto sobre la mesa propuestas de estas características, solo pone préstamos a la clase media y un bono a la clase media, por lo tanto la única política pública ha sido el retiro de las cotizaciones previsionales. Esto implica seguir poniendo sobre los hombros de los trabajadores, pero mientras el gobierno no presente una propuesta universal vamos a seguir con el tercer retiro”, dijo.
Durante la noche de ayer lunes –horas después de la señalada conversación con Ilabaca– y a propósito de las nuevas cuarentenas, el presidente Sebastián Piñera anunció nuevas medidas socioeconómicas para ir en ayuda de las familias, entre las que se encuentra un aumento de US$ 200 millones en subsidios de emprendimiento, el aumento en la cobertura de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono a la clase media de $500 mil pesos para personas que tengan un sueldo de $1,5 millones y que irá disminuyendo para sueldos más altos, con un tope en quienes tengan ingresos de $2 millones.
Durante el año anterior el IFE fue contraproducente para el gobierno, en tanto generó muchas dudas respecto de la capacidad burocrática de llegar a quienes lo necesitan y califican. Al respecto INTERFERENCIA publicó: Desarrollo Social eleva artificialmente ingresos de familias pobres dejándolas sin Ingreso de Emergencia
Fuente: Interferencia / Autor: Maximiliano Alarcón
