Hoy Internet fue desde sus inicios una red abierta, dio lugar a la emergencia de un espacio común digital y a un ejercicio sin precedentes de la libertad de expresión y del debate inclusivo. Pero, debido a la falta de regulación apropiada, las redes sociales —empresas privadas— se constituyeron en monopolios que privatizan el debate y obstaculizan la deliberación.
Análisis Constitucional:
Todo parte desde Septiembre de 2019, cuando CiperChile realiza una nota sobre “guerrilla digital contra la convencion constituyente”.
“Si bien Twitter siempre se ha caracterizado por fomentar el debate digital respecto a diversos temas, desde hace un tiempo vienen formándose grupos que actúan de manera organizada para atacar a individuos o grupos determinados. Hoy en Chile, ese grupo bajo ataque es la Convención Constituyente (CC)…”
En la columna se cuenta que hace meses hay intenciones para crear acciones coordinadas para posicionar la postura del «Rechazo» como gran mayoritaria en redes sociales, a través del uso de cuentas anómalas “bots” y acciones organizadas de copamiento de la agenda.
Durante los meses de Enero a Abril del 2022, en pleno debate constitucional, se votaba sobre la propiedad de los fondos de pensiones y en su mismo momento el fracaso del quinto retiro, hábilmente aprovechados por Bernardo Fontaine, un ex constituyente que se dedicó a predicar la palabra de la desinformación y las mentiras en las redes sociales y canales tradicionales, marcando la llegada del Rechazo al primer lugar en las encuestas.
Para asegurarse de mantener esa ventaja, se desarrolló una exitosa campaña que duró casi cinco meses, fuera del periodo legal para hacer propaganda. Más de 20 cuentas de redes sociales invirtieron más de $116,7 millones en Facebook e Instagram para difundir noticias falsas que estarían en riesgo los fondos de pensiones, los colegios particulares subvencionados, la vivienda propia y la atención de salud.
Estas noticias de contenidos e interpretaciones bastantes extremas e hipotéticas, son utilizados para lograr una conquista y mantener la ventaja por sobre el “Apruebo” en las encuestas, pero había que mantenerla.
La exitosa estrategia estrenada por algunos constituyentes (como que los fondos de pensiones ya no serán de los trabajadores), fue repetida por el Rechazo en temas sensibles para los ciudadanos como: la vivienda (no se garantizará la casa propia), la salud (las personas solo se podrán atender en hospitales públicos y aumentarán las listas de espera) y la educación (el Estado dejará de financiar los colegios particulares subvencionados, por lo que van a desaparecer).
Estas ideas fueron difundidas a través de una minuciosa estrategia comunicacional en redes sociales y medios de comunicación tradicional, la que se extendió desde inicios de abril hasta la realización del plebiscito. Esta estrategia de difusión abarca casi cinco meses de campaña (tres de ellos fuera del plazo legal establecido por el Servicio Electoral para hacer propaganda).
Escenarios Actuales
Las redes sociales se fueron constituyendo en monopolios mundiales a una velocidad vertiginosa, apoderándose del ejercicio de la libertad de expresión, privatizando el territorio de Internet y actuando como verdaderos estados de facto.
Desgraciadamente, a diferencia de un Estado de Derecho, cuya acción tiene como objetivo la defensa y la promoción del interés general, una red social actúa en su interés propio y el de sus inversionistas, no en el nuestro. Su visión del «bien común» es la filantropía, incompatible con la solidaridad democrática.
Las redes sociales estructuran el debate público: las normas que nos imponen condicionan el contenido mismo de nuestra manera de pensar, las opiniones que nos proponen sus algoritmos son las con mayor potencial de «like», no las de mejor calidad ni las más necesarias para la construcción de una ciudadanía democrática.
Asimismo, actores malintencionados y políticos populistas (ultraderecha) aprendieron a explotar los algoritmos de recomendación para avanzar sus agendas anti-democráticas, incitando al odio, a la violencia y a la beligerancia entre la ciudadanía, transformando Internet en un supermercado de la opinión, en donde más recursos destinan en publicidad, más fácil de imponer tu opinión en las redes sociales.
Casos de estudio a nivel Mundial y ahora Chile
Cuando fue descubierto el escándalo de Cambridge Analytica, la empresa fundada por Steve Bannon y la familia Mercer, directivos y financiadores de Heritage Foundation (la más importante de Atlas Network) que participó muy activamente en las campañas de Trump, Brexit, Bolsonaro y Macri. Se patentó entonces un nuevo modelo exitoso de hacer campañas electorales con la ayuda de plataformas digitales: llenar la red de mentiras y mensajes de odio, noticias creadas por diarios digitales, medios tradicionales, medios locales no tan independientes o influencer reales o anónimos. Estos mensajes deben ser difundidos de manera coordinada por cuentas automatizadas o personas reales, para aumentar su visualización y algoritmos en las plataformas digitales usadas, principalmente Facebook y Twitter.
La red internacional del odio y la mentira que comenzó Steven Bannon, con sus métodos digitales y que luego han continuado actores como VOX, Atlas Network, ha ido extendiéndose, captando nuevos socios como José Antonio Kast y la última campaña del RECHAZO hacia la propuesta de Nueva Constitución. La red de fundaciones de Atlas Network que articula la estrategia comunicativa de José Antonio Kast tiene un marcado carácter de ultraderecha. Este conglomerado defiende las políticas neoliberales de Milton Friedman y los Chicago Boys, aplicadas durante la dictadura, y también apoya la figura del dictador Augusto Pinochet. La red de medios digitales, youtubers, economistas, trols anónimos y bots desplegada por estas fundaciones articula una estrategia comunicativa que copia el método Bannon: utilización de plataformas digitales y medios tradicionales para la creación de fake news, mensajes de odio y uso de cuentas falsas y automatizadas.
Estás mismas campañas la han usado en países como Estados Unidos, Inglaterra, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina y ahora en Chile.
Por eso es necesario avanzar hacia una regularización de nuestro espacio común digital, evitar vulneración derechos, proteger libertades, generar condiciones para la deliberación, condición para fomentar la democracia.
