Desde hace semanas, se observa con preocupación cómo la fiscalización de la COMPIN a la emisión de licencias médicas se ha transformado en una persecución burocrática. Lo que debía ser una herramienta para detectar fraudes reales hoy recae injustamente sobre médicas y médicos que, con compromiso ético, cuidan la salud de sus pacientes.
La fiscalización actual se basa casi exclusivamente en cifras: médicos que superan un número arbitrario de licencias emitidas son automáticamente investigados, sin considerar el contexto clínico ni social de sus pacientes. El Colegio Médico de Chile ha denunciado que se vulneran derechos básicos de los profesionales, aplicándose sanciones como multas de hasta 10 UTM aun cuando no se haya comprobado irregularidad en el otorgamiento de las licencias, como otorgamiento de licencias sin respaldo de atención clínica efectiva o diagnóstico debidamente acreditado. Es decir, las causales no importan.
Además, se ha evidenciado la precariedad en los procesos de fiscalización, incluyendo graves deficiencias en la plataforma digital destinada a subir los informes médicos, lo que entorpece aún más el derecho a la defensa, para el caso de los profesionales multados.
La situación ha generado un efecto intimidatorio: muchos médicos, ante el temor de ser sancionados injustamente, se sienten presionados a restringir la entrega de licencias médicas, incluso cuando están clínicamente indicadas. Finalmente, quienes terminan viendo vulnerados sus derechos son los propios pacientes, que enfrentan mayores barreras para acceder al reposo necesario para su recuperación.
Detrás de cada licencia médica hay una persona que necesita sanar, no una estadística que corregir.
El problema es aún más grave si consideramos que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha mencionado explícitamente la necesidad de reducir el gasto fiscal asociado a licencias médicas, como parte de su estrategia de ajuste presupuestario. Reducir costos a costa de enfermos no es política pública, es una profunda injusticia. Gestionar la salud como un simple problema contable es desconocer su esencia humana y social.
Por otra parte, mientras médicos honestos son sometidos a fiscalizaciones asfixiantes, sabemos que en redes sociales como WhatsApp y Facebook se ofrecen abiertamente licencias fraudulentas. Existe un verdadero mercado negro de licencias, con redes organizadas que lucran vendiendo reposos falsos. Sin embargo, no vemos la misma energía persecutoria hacia esos emisores delictuales. Es indignante que se persiga a quienes sostienen al sistema público de salud, mientras los verdaderos defraudadores operan impunemente.
La situación es aún más crítica en comunas de menores recursos, donde la falta de acceso a especialistas obliga a médicos generales a abordar patologías complejas que deberían ser vistas en atención secundaria o terciaria. La espera en el sistema público es interminable para miles de pacientes, y la consulta privada resulta inaccesible para la mayoría.
La actitud de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha agravado esta crisis. Al negarse a dialogar con el Colegio Médico en su Asamblea Nacional, cerró la puerta a construir soluciones conjuntas. Hoy, la relación médico-paciente —base de cualquier sistema de salud digno— se ve amenazada por la desconfianza y la presión administrativa. La modalidad de atención en salud por Libre Elección es parte esencial de la atención y así como el paciente tiene la completa libertad para escoger a su facultativo, el facultativo también tiene la completa libertad de emitir una licencia, si el criterio médico lo fundamenta. Y ojalá esto no sea una adevertencia sino un simple comentario: el día de mañana tendremos a médicos y médicas atendiendo a pacientes enfermos con una presión indebida, para asegurar el rigor presupuestario.
La defensa de la fiscalización cuando es justa, oportuna y con debido proceso, es de plena lógica y ética. Pero no lo es cuando se impone una política que castiga a quienes trabajan con integridad, fuera de la lógica y la ética.
Nuestra población no puede ser castigada por estar enferma. Si todos queremos una sociedad más sana, el camino no es negar reposo, sino mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando derechos sociales básicos.
Desde la trinchera de la salud comunitaria, exigimos respeto, diálogo y sentido común.
La salud no puede seguir administrándose sólo con planillas de Excel. Es momento de poner nuevamente a las personas al centro de las políticas públicas.
Fuentes consultadas:
- Ministerio de Hacienda, Informe de Finanzas Públicas, primer trimestre 2025.
- Declaraciones del ministro Mario Marcel (abril 2025).
- Declaraciones públicas del Colegio Médico de Chile (abril 2025).
- Declaraciones de la ministra de Salud, Ximena Aguilera (abril 2025).
- Reportes sobre mercado ilegal de licencias médicas en redes sociales (2024-2025).
- Medios nacionales: Emol, La Tercera, BioBioChile.
yo he tenido pocas licencias y me las rechazan… antes isapres y ahora fonasa..
me dieron licencia 3 semanas por ciudador de adulto mayor no autovalente..
Articulo que tiene cierto cesgo profesional.
Hay que recordar que la fiscalizacion de parte de la autoridad de salud hCia los facultativos es minima, sin embargo los abubdantes casos donde existen licencias medicas fraudulente se conocen por denuncias de isapres. No hay que cegarse ante esta realidad, existen profesionales que dan licencias sin siquiera ver al paciente y en ejecicio de logica la cantidad de licencias emitidas x profecional supera, aveces, el numero de pacientes posibles de atender dandole el tiempo adecuado.
El sistema de salud publico es ineficiente y usuarios se ven obligados ir al privado y muchas veces son mal atendidos. Se requiere voluntad de todos los actores para mejorar y con ello una mayor fiscalizacion a estas malas practicas que consumen recursos publicos a favor de un negocio rentable para algunos.
Interesante artículo que deja claro que la salud está sobre el lucro.
Gracias a la doctora Conté.