El Chile tecnocrático tiene un Olimpo habitado por gurúes de la prudencia fiscal. Ministros y exministros que caminan sobre el mármol de Teatinos 120 dictando cátedras de viabilidad. El exministro de Hacienda, Mario Marcel, ha sido largamente consagrado como el gran garante de la certidumbre económica del país. Sin embargo, bajo la alfombra de los aplausos corporativos, la reciente firma de la Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico (Conalog) para empujar el proyecto Puerto Exterior de San Antonio devela una profunda e irresponsable contradicción institucional. Mientras las autoridades firman pactos celebrando una inversión proyectada de US$ 4.500 millones, los expedientes oficiales de la Contraloría General de la República acumulan pruebas y un fragmento de un desastre técnico, social y ambiental que opera a ciegas.
La Tragedia de la «Métrica Congelada»
Es una ironía severamente política que el arquitecto de la responsabilidad fiscal haya respaldado una megaobra cuya viabilidad financiera se sostiene sobre ficciones. La denuncia formal ingresada en Contraloría demuestra que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO) mantiene vigente una Recomendación Satisfactoria (RS) otorgada originalmente en el año 2016, calculada con antecedentes técnicos totalmente congelados al año 2021.
Para validar el proyecto ante el erario público, las autoridades defienden una Tasa Interna de Retorno (TIR) social del 28,1% (p. 4). Esta cifra no es solo ficticia; es ideológica (p. 4). El cálculo omite deliberadamente:
- Las millonarias glosas presupuestarias de mitigación exigidas legalmente a partir de este año 2026 (p. 4).
- El costo real de actualización de las rutas de conectividad vial estructurantes, como la Ruta 78 (Autopista del Sol) y la Ruta 66 (Camino de la Fruta), cuya viabilidad de riesgo fue administrativamente fragmentada para eludir la fiscalización (p. 4).
¿Dónde quedó la rigurosidad del gurú? Financiar con un 35% de fondos estatales (US$ 1.500 millones) un proyecto con costos subestimados no es inversión pública; es un asalto directo a las arcas fiscales que terminará subsidiando las utilidades de operadores privados mientras el Estado asume los sobrecostos estructurales (pp. 3-4).
La Poética del Desastre: El Silencio ante el Agua y el Barro
Detrás de la retórica del «crecimiento» y los «6 millones de TEU al año», palpita una geografía que las autoridades se niegan a mirar. Hay una violencia poética y dolorosa en el lenguaje de los decretos: el progreso de unos se escribe con la inundación de otros.
La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), mediante el Oficio ORD. N° 295 del 23 de marzo de 2026, RECHAZÓ el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto (p. 4). El diseño del puerto pretende levantar infraestructura de compensación en el área de inundación centenaria del Estero El Sauce (p. 4). Al obstruir este cauce natural, el megapuerto elevará de forma severa el peligro de inundación para las poblaciones vulnerables de la ribera oriente (p. 4). Las autoridades firman sonrientes en Santiago, mientras en San Antonio el diseño condena el territorio al desborde (pp. 3-4).
A esto se suma la alarmante confesión de la Dirección de Obras Portuarias (DOP) en su Oficio ORD. DOP N° 345, donde admite no poseer estudios de dinámica de sedimentos para las obras (p. 4). Pretenden dragar millones de metros cúbicos en Llolleo sin conocer el comportamiento del fondo marino, arriesgando la resuspensión de metales pesados y contaminantes químicos decantados por más de 50 años procedentes del Estero El Sauce y el Río Maipo (p. 4). El costo de mitigar este desastre ambiental y el subsecuente colapso hospitalario local no está en las planillas Excel de Hacienda; será absorbido de forma directa por el presupuesto nacional (p. 4).
Ceguera Estratégica y Vacío Radiológico
El relato oficial vende el proyecto como un avance estratégico, pero los organismos de seguridad nacional dicen lo contrario. El Estado Mayor Conjunto (EMCO), a través de la Carta N° 6800/1017 del 5 de mayo de 2026, certificó la inexistencia absoluta de análisis técnicos respecto a la resistencia del nuevo molo de abrigo frente a sismos superiores a 8,5 MW o su afectación a las rutas de despliegue militar de emergencia en la Guarnición Tejas Verdes (p. 4). La megaestructura portuaria más grande del país avanza a ciegas ante el riesgo sísmico y geológico (p. 4).
El colmo de la irresponsabilidad institucional queda plasmado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) en su Oficio N° 29/088 del 18 de mayo de 2026 (p. 5). El proyecto carece de protocolos de seguridad para el tránsito de materiales radiactivos de primera categoría, no contempla programas de capacitación ni detectores de radiación para Bomberos y personal de salud, y elude por completo las contingencias nucleares derivadas del alza multipropósito de la carga portuaria proyectada (p. 5).
El Veredicto Político: Una Estafa Institucionalizada
Impulsar el Puerto Exterior de San Antonio bajo estas condiciones constituye una flagrante desviación de poder. Mantener artificialmente con vida una Recomendación Satisfactoria (RS) desactualizada y espuria, a sabiendas de los rechazos técnicos de la DOH, SEREMI de Salud, DOP, EMCO, SENAPRED y CCHEN, configura una negligencia inexcusable (pp. 4-5).
El «gurú» de la economía y el comité logístico de la Conalog han preferido blindar el entusiasmo corporativo antes que proteger el erario público y la vida de la macrozona central. La demanda en Contraloría exige una auditoría integral y el congelamiento inmediato de los fondos asignados por la DIPRES a la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA). La porfía institucional no puede estar por encima de la ley, de la ciencia ni de la seguridad de un pueblo entero (pp. 3-4). El desarrollo no puede ser sinónimo de ruina patrimonial y desprotección civil.
Las Cifras del Espejismo: Interpelación al Legado de Mario Marcel y el Fraude del Puerto Exterior
El Chile tecnocrático tiene un Olimpo habitado por gurúes de la prudencia fiscal. Ministros que caminan sobre el mármol de Teatinos 120 dictando cátedras de viabilidad. Sin embargo, bajo la alfombra de los aplausos corporativos, los documentos de la época develan una profunda e irresponsable contradicción institucional. En las postrimerías de la administración anterior, la Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico (Conalog) —encabezada por el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a sus pares de Transportes y Economía— ratificó con urgencia la prioridad del Puerto Exterior de San Antonio. Lo que se presentó como un hito de Estado con una inversión proyectada de US$ 4.000 a 4.500 millones fue, en realidad, un amarre político y económico sepultado bajo cálculos espurios y mañosos, diseñado para traspasar una bomba de tiempo financiera e institucional a la siguiente administración.
Esta operación de presión política se consolidó con el ex Presidente de la República Gabriel Boric Font, presionando públicamente hasta en cuatro ocasiones a los servicios sectoriales para forzar la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), hablándole a los medios en medio de la evaluación, las bendiciones del proyecto en cuestión. Mientras las autoridades sellaban este pacto entre cuatro paredes, los expedientes que hoy acumula la Contraloría General de la República demuestran que el megaproyecto avanza a ciegas.
La Tragedia del Amarre Político y la «Métrica Congelada»
Es una ironía severamente política que el arquitecto de la responsabilidad fiscal haya visado una megaobra cuya viabilidad financiera se sostiene sobre ficciones. La denuncia formal ingresada en Contraloría demuestra que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO) ha mantenido vigente de forma artificial una Recomendación Satisfactoria (RS) otorgada en 2016, congelando mañosamente los antecedentes técnicos al año 2021.
Para heredar el proyecto ya amarrado, las autoridades defendieron una supuesta Tasa Interna de Retorno (TIR) social del 28,1%. Esta cifra (extremadamente baja-para ser seria) es ideológica y ficticia, pues omite deliberadamente:
- Las millonarias glosas presupuestarias de mitigación exigidas legalmente.
- El costo real de actualización de las rutas de conectividad vial complementarias que la Conalog tanto promocionó, como la Ruta 78 (Autopista del Sol) y la Ruta 66 (Camino de la Fruta), cuya viabilidad financiera y de riesgo fue fragmentada administrativamente para eludir la fiscalización.
Financiar con un aprox de 35 a 50% de fondos estatales (US$ 2000 millones) un proyecto con costos subestimados no es inversión pública; es un asalto directo a las arcas fiscales para asegurar las utilidades de operadores privados mientras el Estado asume los sobrecostos estructurales (Sin contar los costos de 1 decada en estudios – consultorías y otros).
La Poética del Desastre: El Silencio ante el Agua y el Barro
Detrás de la retórica del «crecimiento» y los «6 millones de TEU al año», palpita una geografía que las autoridades de la administración anterior se negaron a mirar. Hay una violencia poética y dolorosa en el lenguaje de los decretos: el progreso de unos se escribe con la inundación de otros.
La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), mediante el Oficio ORD. N° 295 del 23 de marzo de 2026, RECHAZÓ el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. El diseño del puerto pretende levantar infraestructura de compensación en el área de inundación centenaria del Estero El Sauce. Al obstruir este cauce natural, el megapuerto elevará de forma severa el peligro de inundación para las poblaciones vulnerables de la ribera oriente. Las autoridades firmaron sonrientes en Santiago, dejando el territorio condenado al desborde.
A esto se suma la alarmante confesión de la Dirección de Obras Portuarias (DOP) en su Oficio ORD. DOP N° 345, donde admite no poseer estudios de dinámica de sedimentos para las obras. Pretenden dragar millones de metros cúbicos en Llolleo sin conocer el comportamiento del fondo marino, arriesgando la resuspensión de metales pesados y contaminantes químicos decantados por más de 50 años procedentes del Estero El Sauce y el Río Maipo. El costo de mitigar este desastre ambiental y el subsecuente colapso hospitalario local no figuraba en las planillas Excel de Hacienda; será absorbido de forma directa por el presupuesto nacional.
Ceguera Estratégica y Vacío Radiológico
El relato oficial heredado vende el proyecto como un avance estratégico, pero los organismos de seguridad nacional dicen lo contrario. El Estado Mayor Conjunto (EMCO), a través de la Carta N° 6800/1017 del 5 de mayo de 2026, certificó la inexistencia absoluta de análisis técnicos respecto a la resistencia del nuevo molo de abrigo frente a sismos superiores a 8,5 MW o su afectación a las rutas de despliegue militar de emergencia en la Guarnición Tejas Verdes. La megaestructura portuaria más grande del país avanza a ciegas ante el riesgo sísmico y geológico.
El colmo de la irresponsabilidad institucional queda plasmado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) en su Oficio N° 29/088 del 18 de mayo de 2026. El proyecto carece de protocolos de seguridad para el tránsito de materiales radiactivos de primera categoría, no contempla programas de capacitación ni detectores de radiación para Bomberos y personal de salud, y elude por completo las contingencias nucleares derivadas del alza multipropósito de la carga portuaria proyectada.
El Veredicto Político: Una Estafa Institucionalizada
Impulsar el Puerto Exterior de San Antonio bajo estas condiciones constituye una flagrante desviación de poder. Dejar amarrada políticamente una Recomendación Satisfactoria (RS) desactualizada y espuria, a sabiendas de los rechazos técnicos de la DOH, SEREMI de Salud, DOP, EMCO, SENAPRED, CCHEN y Miles de Observaciones de la sociedad Civil, configura una negligencia inexcusable.
El «gurú» de la economía y el comité logístico de la Conalog prefirieron blindar el entusiasmo corporativo-trasnacional y el legado de su administración antes que proteger el erario público y la vida de la macrozona central. La demanda en Contraloría exige una auditoría integral y el congelamiento inmediato de los fondos asignados por la DIPRES a la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA). La porfía institucional y los amarres políticos no pueden estar por encima de la ley, de la ciencia ni de la seguridad de un pueblo entero. El desarrollo no puede ser sinónimo de ruina patrimonial y desprotección civil.
