El llamado “proyecto de reconstrucción” del gobierno de José Antonio Kast se presenta como una medida para levantar la economía, generar empleo y devolver la esperanza al país. Pero detrás del discurso optimista aparece una pregunta que millones de chilenos deberían hacerse: ¿reconstrucción para quién?
Porque mientras se habla de esfuerzo nacional, las medidas centrales del proyecto apuntan directamente a beneficiar a los grandes grupos económicos: rebaja de impuestos a las grandes empresas, garantías tributarias por décadas, flexibilización regulatoria y más facilidades para el capital privado. Todo bajo la promesa de siempre: “si los ricos pagan menos impuestos, invertirán más y eso beneficiará a todos”.
El problema es que Chile ya escuchó esa promesa durante décadas.
Y la realidad fue otra.
Chile creció, sí. Pero también crecieron la desigualdad, las utilidades de unos pocos, el endeudamiento de las familias y el abandono de los servicios públicos. Mientras los grandes grupos económicos acumulaban fortunas históricas, la mayoría de los trabajadores siguió viviendo con salarios insuficientes, pensiones miserables y servicios básicos convertidos en negocio.
Por eso hoy cuesta creer que los mismos sectores que durante años privilegiaron la especulación financiera, el rentismo y la concentración económica ahora actuarán, por arte de magia, como motores solidarios del desarrollo nacional.
La gran mentira de este modelo es hacer creer que bajar impuestos a los más ricos automáticamente mejora la vida de la gente común. Pero cuando el Estado recauda menos, alguien termina pagando el costo. Y ese costo normalmente no lo asumen los grandes empresarios: lo terminan pagando las familias mediante recortes sociales, deterioro de hospitales, educación debilitada, municipios desfinanciados y más precarización laboral.
Porque mientras el gran empresariado recibe alivio tributario inmediato, al ciudadano común solo se le ofrecen promesas futuras.
Mas adelante llegará la inversión.
Mas adelante mejorarán los salarios.
Mas adelante crecerá el empleo.
Pero las cuentas, el arriendo, los medicamentos y la comida se pagan ahora.
El problema de fondo es aún más grave: Chile no tiene una economía basada principalmente en innovación industrial o desarrollo tecnológico. Gran parte de la riqueza está concentrada en grupos económicos que viven de rentas, monopolios, especulación inmobiliaria, banca, retail o extracción de recursos naturales. En ese contexto, bajar impuestos no garantiza más inversión productiva. Muchas veces solo significa mayores utilidades, más acumulación financiera y más concentración de poder económico.
Y si la recaudación fiscal cae mientras el crecimiento prometido no llega al nivel esperado, el resultado puede ser evidente : más déficit fiscal, más deuda y más ajustes que terminan golpeando nuevamente a la ciudadanía.
Ese es el verdadero riesgo de este proyecto.
No estamos frente a una simple ley de reconstrucción. Estamos frente a una redefinición profunda del rol del Estado y de quién paga realmente el costo del país.
Porque cuando un gobierno reduce impuestos a quienes más tienen mientras habla de austeridad para el resto, lo que está diciendo en la práctica es que el mercado merece más protección que las personas.
Y ahí aparece la pregunta más importante de todas : si este modelo ya produjo desigualdad, abusos y concentración económica durante décadas, ¿por qué deberíamos creer que esta vez el resultado será distinto?
La reconstrucción de un país no puede basarse únicamente en proteger al gran capital esperando que algo “gotee” hacia abajo. La verdadera reconstrucción debería comenzar fortaleciendo salarios, salud, educación, vivienda y capacidad productiva nacional. No debilitando los ingresos del Estado mientras se beneficia a quienes históricamente han concentrado la riqueza.
Porque cuando las ganancias se privatizan y los costos se socializan, no estamos hablando de reconstrucción. Estamos hablando de transferir nuevamente el peso de la crisis a la mayoría de los chilenos.
