Aprovechando las vísperas de semana santa, la ministra Isabel Pla, inicia el día con nuevos despidos en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
Como funcionarias/os del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, queremos expresar nuestro profundo rechazo y nuestra indignación frente a los despidos ocurridos este jueves 29 de marzo.
No compartimos, que funcionarias a contrata y honorarios, sean tratados como desechables, como cupos requeridos para que entren nuevos funcionarios de confianza de esta autoridad, con argumentos tal faltos de fundamento como necesidades presupuestarias o falsas reestructuraciones. Solo se trata de despedir trabajadores para sustituirlos.
Se trata de funcionarias y funcionarios que cumplen funciones y tareas que están en el marco de la ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, con capacidades técnicas específicas y años de experiencia para los cargos que desempeñan, quienes han sido presionados, por las jefaturas correspondientes, para que renuncien “voluntariamente” a sus cargos, bajo amenaza que de lo contrario no tendrían ningún beneficio básico, como las vacaciones, días administrativos y horas extras trabajadas.
Lo que es una falta de respeto hacia quienes han trabajado en condiciones de precariedad laboral durante años, ya que si bien así lo permite el Estado y la legislación chilena, a través del estatuto administrativo, hoy la propia Corte Suprema lo ha puesto en cuestión a partir de sentencias recientes, por que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y así lo entiende el máximo Tribunal.
Un funcionario/a público despedido, se va sin nada, ni siquiera se le reconocen los años de servicio, lo que para un trabajador/a de una empresa privada significa un pago de un mes de sueldo por cada año de servicio, en el servicio público no es tal. Por eso, tanto la jurisprudencia administrativa como la laboral, han reconocido que la antigüedad en un cargo, las renovaciones consecutivas de contratas, dan origen a un derecho, es por sobre este derecho, por sobre dicha jurisprudencia, que está actuando la Ministra Plá. Pero aún va más allá, despidiendo sin consideración, ni argumentos más sólidos que “la nueva administración necesita el cargo”, despidiendo a mujeres jefas de hogar cuyos contratos se extendían al menos hasta el 31 de diciembre de 2018.
Queremos recordar que somos trabajadores del Estado chileno y no de las administraciones de turno. La defensa de la función pública resulta fundamental para permitir que el Estado sea garante de los derechos y avances en políticas públicas, en nuestro caso particular, las referidas a los derechos de las niñas y mujeres de Chile.
No es posible que los avances de las políticas públicas estén siempre al arbitrio de una coalición de gobierno, y que no se garanticen su permanencia para el país.
Queremos recordarle a la opinión pública, que en el gobierno de Piñera entre el 2010 y el 2013, Chile retrocedió del lugar 46 al 87 en el índice de igualdad de género que elabora el Foro Económico Mundial, situación que afectó directamente a las mujeres de Chile.
BASTA DE ENGAÑAR A LA OPINIÓN PÚBLICA. Quienes estamos siendo despedidos, no somos “operadores políticos”, somos profesionales que nos hemos dedicado y especializado durante años en los temas referidos a igualdad de género, gestión pública, diseño e implementación programática, entre otras áreas. Siempre con vocación y con orgullo del rol público que desempeñamos.
Somos personas de carne y hueso, con familias, hijos e hijas, con estudios específicos que avalan nuestra trayectoria y sobre todo con años de experiencia para poder llevar a cabo la implementación de tantos programas públicos que han sido siempre bien evaluados por la ciudadanía.
Trabajamos para las mujeres de Chile, para la igualdad y la justicia social. Estamos decididos a defender la función pública que se ha tratado de enlodar por quienes lo único que ven en esta, es la defensa de sus propias metas económicas, ideológicas, fundamentalistas y religiosas, sin importar (que desde la constitución de 1925) somos un estado laico, aunque eso signifique deshacer todo los logros que las mujeres de Chile hoy tienen como derechos adquiridos.
Por lo que iniciaremos todas las acciones administrativas y judiciales que nos asisten en defensa de los y las funcionarios/as de este Ministerio, hasta que sus derechos sean reconocidos, y denunciaremos la arbitrariedades que la nueva admistración está cometiendo en contra de la función pública.
