Como sabemos, el conjunto de la población chilena es susceptible de contraer coronavirus. Sin embargo, a nivel social, el impacto de la pandemia no es igual para todos. Mientras que los grandes empresarios presionan al Estado para resguardar sus intereses económicos más inmediatos, los trabajadores sufren las consecuencias de las políticas erráticas del gobierno en materia de salud pública, poniendo en riesgo su integridad física en cada jornada laboral. Si los responsables de conducir la nación estaban al tanto del riesgo que suponía el covid-19, ¿por qué no tomaron medidas efectivas para frenar –o al menos contener– su arribo a Chile? Y una vez reportados los primeros casos, ¿qué les impidió intervenir inmediatamente para detener la propagación de la enfermedad? Todas las señales apuntan hacia una respuesta tan clara como desoladora: los intereses de clase que representa el gobierno de Sebastián Piñera.
El empeño de la burguesía local por mantener al país andando en pleno proceso de propagación del coronavirus, ignorando las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y replicando las medidas que tomó Estados Unidos para obtener réditos económicos y políticos de la crisis, contribuyeron tanto a la difusión como al arraigo de la enfermedad en nuestro territorio, dejando a Chile como el país con la mayor tasa de contagios en América Latina. Esta negligencia no obedece a la “mala voluntad” individual de nuestras autoridades respectivas –desde el gobierno hasta los patrones–, sino a los intereses de clase que los mueven; estos últimos, incompatibles con el cuidado de la salud pública.
El ímpetu capitalista por recuperar a toda costa las pérdidas que trajo consigo el estallido social –del que también son, en buena medida, responsables–, pauteó el modo en que los grandes empresarios enfrentaron la llegada del covid-19 a Chile. Eso explica su indiferencia por el bienestar de trabajadores y consumidores durante la emergencia, así como también, las presiones del sector hacia el gobierno para disuadirlo de tomar medidas drásticas en la materia. Como no es de sorprender, la clase dominante chilena está repitiendo las mismas prácticas que motivaron la rebelión popular de octubre, dando cuenta del verdadero estado en que se encuentra la lucha de clases en Chile –mucho menos progresista de lo que parece– y vaticinando el escenario que vendrá una vez controlado el coronavirus. En rigor, conductas como las que ha tenido la clase dominante durante esta crisis sanitaria cimientan el camino para nuevas revueltas. Son los grandes empresarios nacionales, y no el Estado ni el Partido que dirigen la República Popular China –estos últimos han dado muestras ejemplares sobre cómo detener una pandemia– los verdaderos responsables de la propagación indiscriminada del covid-19 en Chile. Por lo mismo, una vez superada la crisis, es menester que su responsabilidad no quede impune.
No olvidemos nunca la lucha de clases. Plantear que ésta es una crisis humanitaria, desconocimiento las articulaciones sociales que la desataron, es falsear los hechos. Lo cierto es que si el gobierno de Sebastián Piñera es incapaz de frenar al coronavirus en Chile producto de los intereses de clase que representa, entonces debe evaluar su continuidad en la dirección de la crisis. Haber decretado Estado de Catástrofe, aunque tarde, es una medida que podría disminuir la propagación de la enfermedad, siempre y cuando venga acompañada de iniciativas políticas centradas en el bienestar de la población; no en favor de los grandes empresarios. Al respecto, la cuarentena nacional, el control de precios en productos de primera necesidad (sanitarios y alimenticios), la gratuidad de la prueba para diagnosticar coronavirus y el control estatal del sistema privado de salud son medidas urgentes a tomar. Cabe decirlo: no es admisible que sean los sectores populares quienes sufran las peores consecuencias sanitarias que acarrea el enriquecimiento individual en tiempos de crisis. Por lo mismo, a pesar de las medidas de autocuidado necesarias para frenar los contagios, urge mantener la vigilancia popular de las políticas de gobierno frente al covid-19. Al respecto, conglomerados como Unidad Social pueden jugar un rol estratégico en la organización –aunque sea virtual– de la defensa de masas ante las vejaciones gubernamentales y patronales. La crisis no debe mermar demasiado las fuerzas populares necesarias para hacer de Chile un país democrático durante el proceso constituyente. Aún quedan desafíos monumentales por venir.
