Se nos quiere acostumbrar al ruido.
A titulares estridentes.
A acusaciones lanzadas como verdades reveladas.
Se nos quiere entrenar para no preguntar.
La acusación presentada por Estados Unidos contra Nicolás Maduro ha sido difundida como un hecho consumado, como si la justicia ya hubiera hablado, como si el veredicto estuviera escrito. Pero cuando uno corre el velo de la propaganda y mira con ojos de periodismo real -el que duda, el que contrasta, el que incomoda- lo que aparece no es justicia: es poder actuando sin límites.
No hay juicio.
No hay tribunal imparcial.
No hay derecho a defensa.
No hay debido proceso.
Y sin debido proceso, no existe justicia, por más grave que sea la acusación o antipático que resulte el acusado. Esa no es una opinión política: es un principio civilizatorio básico, construido con siglos de luchas contra el abuso del poder.
Aquí no estamos frente a una sentencia emanada de un tribunal internacional independiente. Estamos frente a una acusación unilateral, elaborada por el mismo Estado que se arroga el derecho de sancionar, bloquear, asfixiar economías y decidir quién es legítimo y quién no en el mapa del mundo. Juez y parte. Acusador y verdugo.
Lo que se presenta como “expediente judicial” no exhibe pruebas sometidas a contradicción pública. No hay peritajes independientes, no hay evidencia material abierta al escrutinio, no hay testigos interrogados en igualdad de condiciones. Hay relatos, versiones, colaboradores premiados, declaraciones de agencias que no rinden cuentas a nadie fuera de su propio sistema. Eso no es justicia. Eso es relato de poder.
Y el relato tiene un objetivo claro: construir al enemigo.
Porque cuando se instala la idea de culpabilidad sin juicio, se allana el camino para todo lo demás. Para el bloqueo. Para el aislamiento. Para la asfixia económica. Para la amenaza militar. Para la intervención “humanitaria” que nunca es humanitaria y siempre deja pueblos rotos.
Este mecanismo no es nuevo. América Latina lo conoce demasiado bien. Antes fueron otros nombres, otros países, otros pretextos. Siempre la misma lógica: primero se demoniza, luego se castiga, después se justifica la violencia. El derecho deja de ser un límite al poder y se transforma en su instrumento más sofisticado.
Lo verdaderamente peligroso no es solo esta acusación en particular. Lo peligroso es que se nos pida aceptarla sin preguntar. Que se nos invite a renunciar al escepticismo crítico. Que se nos diga, en voz baja pero insistente, que hay culpables que no merecen juicio.
Ese es el terreno donde muere la democracia.
Porque si hoy aceptamos que se condene sin debido proceso a un gobierno que incomoda, mañana cualquier país, cualquier líder, cualquier pueblo puede ser criminalizado por decisión política. No por pruebas. No por tribunales. Por conveniencia.
Hay además una hipocresía imposible de ignorar. El mismo Estado que acusa se niega sistemáticamente a someterse a tribunales internacionales. Nunca responde por sus guerras ilegales, por sus cárceles secretas, por sus ejecuciones extrajudiciales, por los millones de muertos que dejó su política exterior. Pero exige fe ciega cuando señala con el dedo.
Desde el periodismo investigativo no podemos aceptar ese doble estándar. No podemos convertirnos en amplificadores del poder. No estamos aquí para repetir comunicados ni para obedecer líneas editoriales dictadas desde embajadas o agencias. Estamos para preguntar lo que incomoda, para mirar donde otros prefieren callar.
Y la pregunta es simple, brutal y honesta:
¿Dónde están las pruebas?
No los discursos.
No las acusaciones.
No los titulares.
Las pruebas.
Porque sin ellas, todo lo demás es violencia simbólica. Y la violencia simbólica prepara el terreno para violencias mucho más concretas, que siempre terminan pagando los pueblos, nunca las élites que toman las decisiones.
No defendemos gobiernos, defendemos el derecho a la verdad. Y la verdad no nace de expedientes cerrados ni de acusaciones sin juicio. La verdad nace del debido proceso, de la prueba, del debate público, de la justicia real.
El periodismo que renuncia a eso deja de ser periodismo. Se convierte en propaganda.
Y en tiempos donde el poder quiere jueces sin tribunales y condenas sin pruebas, el periodismo investigativo tiene un deber histórico: no callar, no repetir, no obedecer.
Porque cuando el derecho se transforma en arma y el silencio se vuelve norma, ya no está en juego un gobierno ni un líder. Está en juego algo mucho más grande: la dignidad de los pueblos y la posibilidad misma de la justicia.
